Archives

  • 2018-07
  • 2018-10
  • 2018-11
  • 2019-04
  • 2019-05
  • 2019-06
  • 2019-07
  • 2019-08
  • 2019-09
  • 2019-10
  • 2019-11
  • 2019-12
  • 2020-01
  • 2020-02
  • 2020-03
  • 2020-04
  • 2020-05
  • 2020-06
  • 2020-07
  • 2020-08
  • 2020-09
  • 2020-10
  • 2020-11
  • 2020-12
  • 2021-01
  • 2021-02
  • 2021-03
  • 2021-04
  • 2021-05
  • 2021-06
  • 2021-07
  • 2021-08
  • 2021-09
  • 2021-10
  • 2021-11
  • 2021-12
  • 2022-01
  • 2022-02
  • 2022-03
  • 2022-04
  • 2022-05
  • 2022-06
  • 2022-07
  • 2022-08
  • 2022-09
  • 2022-10
  • 2022-11
  • 2022-12
  • 2023-01
  • 2023-02
  • 2023-03
  • 2023-04
  • 2023-05
  • 2023-06
  • 2023-07
  • 2023-08
  • 2023-09
  • 2023-10
  • 2023-11
  • 2023-12
  • 2024-01
  • 2024-02
  • 2024-03
  • 2024-04
  • 2024-05
  • La construcci n del Estado laico se aborda a partir

    2018-10-25

    La construcción del Estado laico se aborda (±)-Nutlin-3 Supplier partir de dos conceptos clave: laicidad y secularización. La secularización es un proceso de transformación cultural de las sociedades occidentales modernas; consiste en la disminución de la importancia social de las religiones judeocristianas, que van perdiendo parte de su poder político y su rol constitutivo en la vida social (Giumbelli, p. 28); los valores y significados religiosos se convierten en un asunto privado, de libre elección, que el Estado deja de imponer formalmente, y se pluralizan y recomponen (Hervieu-Leyer, 2004, p. 16). La laicidad consiste en la autonomía de la esfera política respecto de valores e instituciones religiosas; Blancarte (2008a, p. 29) la define como “el régimen social de convivencia cuyas instituciones políticas son legitimadas por la soberanía popular y no por elementos religiosos”, entendiéndola como resultado de un cambio político que ha habido en diversos países con el fin de garantizar el respeto a la libertad de conciencia. En México, la laicidad se sostiene en una serie de medidas legales y en una cultura política que se ha construido desde la segunda mitad del siglo XIX. Desde esta perspectiva, un Estado laico es un sistema jurídico-político que mantiene autonomía en sus leyes, instituciones y políticas públicas respecto de doctrinas y autoridades religiosas (Blancarte, 2008b; Bauberot, 2008); y una educación laica es aquella cuyos contenidos y prácticas se fundamentan en la ciencia, responden a las realidades sociales, se sostienen en principios democráticos —como los derechos humanos— y no imponen valores ni significados de ninguna religión. Comprender la laicidad implica definir lo público y lo privado; Rabotnikof (1998) y Casanova (1994) identifican distintas visiones al respecto; este último señala que no hay división clara entre ambas esferas. Fraser (1993), sostiene que “público” y “privado” son nociones creadas por la burguesía para establecer su propia acción como una esfera protegida de la intervención del Estado, y señalar el trabajo gubernamental como un área en la que los integrantes de la burguesía tienen derecho de influir. Considerando lo anterior, propongo una definición que reelaboro a partir de las ideas de Blancarte cuando aborda los derechos sexuales (Blancarte, 2008a, pp. 39-41). Este autor afirma que el papel del Estado laico es garantizar la libertad de conciencia. La esfera privada incluye asuntos que no afectan a Suppression terceros, por ello el sujeto no está obligado a someterse a la opinión de la comunidad; aquí el Estado no tiene derecho de imponer o prohibir, sino que su papel es proteger la vida privada. La esfera pública constituye aquellas situaciones de interés general que tienen repercusiones más allá de los sujetos; todas las personas tenemos el derecho a conocer y participar en asuntos públicos, y el Estado tiene la obligación de regular e implementar políticas públicas incluyentes. Por ende, las y los funcionarios públicos deben mantener sus creencias personales y religiosas fuera del ejercicio de sus funciones (Blancarte, 2008a, p. 40). Finalmente, el Estado laico tiene la responsabilidad de educar a la población sobre temas de interés público tales como la regulación de la población, la salud sexual y reproductiva, la igualdad de género, así como la violencia y la discriminación relacionadas con la sexualidad; y tiene la atribución de definir e impartir los contenidos educativos de acuerdo con los principios de laicidad e interés superior de la niñez. Para abordar las estrategias utilizadas por diferentes actores, parto de la premisa de Foucault (1986, 1988, 1994, 2007), quien concibe el poder como una forma de relación que permite a ciertos sujetos influir en el comportamiento de otros. Las relaciones de poder no son fijas, sino que resultan de situaciones y contextos específicos, determinados por estrategias y luchas dentro de redes de fuerzas (Foucault, 2007, pp. 113-117 y 2010, pp. 6-7). El poder es ejercido desde diferentes puntos y siempre hay procesos de resistencia en los que los sujetos luchan por interpelar a las instituciones y cambiar los efectos del poder en su subjetividad. Finalmente, el Estado es un espacio de lucha donde diferentes actores se disputan el poder de definir los significados oficiales de las políticas públicas. Como lo señala Mann (1991, p. 86), la acción gubernamental es influida por procesos de política interna, por otros poderes como el ideológico y el económico, por relaciones políticas con otros estados y por las estrategias de los diferentes actores.